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El sector servicios es el más importante en la economía española y europea en términos económicos y de empleo, y es también el que ha experimentado mayor desarrollo en los últimos años. En efecto, las actividades de servicios representan un 68% del PIB  en España y son un importante motor de nuestro crecimiento y creación de empleo.

En este contexto, el proceso abierto con la transposición de la Directiva se presenta para España como una oportunidad para modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa. Ello nos permitirá:

• Situarnos entre los países con mejor entorno regulatorio e impulsar así la creación de empresas.
• Mitigar la negativa aportación del sector servicios a la evolución del nivel general de precios en nuestro país.
• Mejorar la competitividad de la economía española en su conjunto, teniendo en cuenta que las actividades de servicios proveen de importantes inputs a todas las empresas.
• Dinamizar la creación de empleo, dado que la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo se crean en el sector servicios.
• Favorecer en particular a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), que representa el 99% de las empresas en este sector, y que se ve especialmente afectada por el exceso de cargas administrativas y de trabas desproporcionadas en el ejercicio de su actividad.

Más concretamente, las principales implicaciones de la transposición para España serán:

• Eliminación de las barreras que restringen injustificadamente la puesta en marcha de actividades de servicios e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo.
  • Se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, o sean innecesarias para atender esos fines. Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes.
  • Se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen.
  • Se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios: inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos.
• Gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.
  • A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE.
  • Se incluyen los trámites de todos los niveles de las Administraciones Públicas (Estatal, Autonómico y Local), que deberán coordinarse entre sí (y con las Administraciones de otros Estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos.
  • Tan sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial (como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario).
• Refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios.
  • Garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias.
  • Obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo (nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización) y sobre las condiciones de la prestación (características del servicio ofrecido, precio, garantías).
  • Las Administraciones deberán informar y asistir a los usuarios de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios, independientemente del país en que se ubiquen.
• Oportunidad para las empresas españolas exportadoras dado que nuestros socios comunitarios van a llevar a cabo un proceso similar de simplificación de procedimientos y reducción de trabas innecesarias o injustificadas. Esta oportunidad será mayor para las PYMEs que tienen menor capacidad para adaptarse a los diferentes entornos regulatorios de los países de la Unión Europea.